Universidades bajo sospecha

Apenas acaba de sobrepasar Rajoy y su equipo los primeros cien días de gobierno y ya se ha abierto el melón de la reforma universitaria. Después de que la LOU impulsada hace una década por Aznar, a través de su ministra Pilar del Castillo, diera una vuelta del tuerca a la "cuestión universitaria", parece que llega la mayor ocasión que vieran los siglos para, de una vez por todas, desmontar el sistema público universitario en beneficio de las universidades privadas que surgieron precisamente con aquella Ley.  La tan traída y llevada crisis económica es el mejor pretexto para imponer reformas donde nadie antes se había atrevido. Estas acaban de ser presentadas a las Comunidades Autónomas el pasado jueves y este mismo sábado ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de Estado. Es evidente que la estrategia obedece a un plan bien urdido por el Partido Popular desde hace meses, haciéndose eco de los informes impulsados por fundaciones privadas financiadas, no por casualidad, por entidadades bancarias y grandes grupos empressariales. El último de estos informes, precisamente, veía la luz unos días antes de que el Ministro Wert presentara las líneas maestras de las primeras medidas de urgencia y solo unos días después de que nombrara una comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español. 
No nos engañemos los universitarios. Dictámenes aparte de comisiones ad hoc, la hoja de ruta ya está definida por el Partido Popular y los acontecimientos que viviremos en los próximos meses nos darán la razón. Después de varios años de sometimiento de las universidades a la política gubernativa (primero fue Bolonia y después los sucesivos recortes presupuestarios que llevaron a imponer la reforma con un coste inferior a cero), ha llegado el momento de empezar con el ajuste grueso: el de la plantilla docente o, incluso, el del número de universidades. Da igual que la verdad acompañe o no las cifras del ministro Wert, que patinó hace unos días comparando la cifra de universidades españolas con las californianas. Y también da igual que el coste real de un curso universitario sean 6.000 euros o cuatro cafés. Lo importante es poner a las universidades bajo sospecha, como ya hiciera el Partido Popular en los no muy lejanos tiempos de José María Aznar. Y las acusaciones ahora son más serias que algunas esgrimidas antaño, como la tan traída y llevada endogamia en el reclutamiento del profesorado. Ahora se trata de bajar cintura a las plantillas docentes, facilitando a los rectores la puesta en marcha del correspondiente ERE; reducir el número de grados y posgrados, mediante la imposición de un número mínimo de alumnos por título; y, ya de paso, ajustar el número de estudiantes que obtengan un título universitario, mediante la disminución de las becas y el aumento del precio de las matrículas. Es de prever que los universitarios se opongan a estas reformas, como hace diez años sucediera con la LOU (ya se han convocado movilizaciones para el próximo 10 de mayo). ¿O quizá ya estamos desmovilizados después de tantas reformas y sospechas lanzadas contra nuestras universidades?. El tiempo lo dirá.