En los próximos cinco años, un tercio del profesorado de mi Departamento tendrá más de sesenta y cinco años. Muchos podrían haberse jubilado hace años, otros estarían en condiciones óptimas de hacerlo, pero parece que nadie está por la labor de dejar paso al relevo generacional. La única salida que les queda a los jóvenes doctores que hemos formado en los ultimos años y que poseen unos magníficos currículos es irse al extranjero. La consigna de muchos de mis colegas sexagenarios es resistir hasta los setenta y no perder dinero con la jubilación. Además, en mi Departamento, la mayoría de estos profesores están por debajo del 50% de su capacidad, ya que en el pasado se sobrecontrató profesorado por razones coyunturales y, a día de hoy, con los nuevos planes de estudio, la plantilla está sobredimensionada. Esto explica que los/as compañeros/as que no son funcionarios prefieran cargarse con el máximo de docencia, para así asegurarse la renovación de sus contratos. Ni uno sólo de mis compañeros contratados rechista, al menos públicamente, y todos tan contentos. Sobre todo los sexagenarios, que están viviendo los mejores años de su vida laboral, salvo alguna honrosa excepción de algún compañero que sigue trabajando como si tuviera cuarenta años.
Además, las medidas del Partido Popular para evitar la contratación de nuevos profesores, con la famosa "tasa de reposición" del 10% no hace sino empeorar las cosas, ya que en muchos casos no se puede contratar a nuevos docentes que sustituyan a los que se puedan acoger a la jubilación, o deban abandonar la Universidad, una vez cumplidos los setenta años. Hoy se publica en la prensa que la Universidad de Salamanca, por ejemplo, ha perdido 300 profesores en un lustro y este año sólo podrá contratar cuatro profesores. Así las cosas, el paisaje de nuestras universidades en los próximos años va ser desolador, con un profesorado cada vez más envejecido y decenas de sexagenarios que van a seguir en activo hasta los setenta años, en unos casos porque no quieran marcharse, como sucede en mi Departamento, y en otros casos porque dejarían literalmente a sus alumnos sin profesor.
Quienes piensen que esto se va arreglar pronto, en cuanto las universidades públicas puedan volver a contratar profesorado, están muy equivocados. La estrategia del Partido Popular es adelgazar las plantillas de docentes e investigadores del sistema público de enseñanza superior. Y esto lo van a lograr cuando publiquen en el BOE los decretos que establezcan una cifra mínima de estudiantes para que los grados y posgrados puedan seguir ofertándose. Algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, donde también gobierna la derecha, han empezado a hacerlo motu proprio. El curso próximo uno de los grados con más prestigio de la Universidad de Barcelona, el de Filología Románica, va a desaparecer. Y detrás de él irán decenas de titulaciones.
En Canarias estas medidas no se han puesto en marcha porque, por suerte para las universidades, el Partido Popular no gobierna, ni parece que vaya a hacerlo en los próximos años. Pero si la regulación parte desde el Ministerio, no tendremos escapatoria. Sólo en mi Facultad esta regulación podría suponer que no se ofertaría ninguno de los dos másteres que el curso próximo empiezan a impartirse, más el interuniversitario de Arqueología con La Laguna, que va por su segunda edición, con una media de menos de diez alumnos por curso académico. Esto significaría que nuestros estudiantes se quedarían sin la opción de completar su formación con un posgrado que mejore su especialización. Y en términos de plantilla significaría que sobraría cerca del 50% del profesorado actual de mi Facultad. Dicho de otro modo, nuestro relevo generacional tendrá que irse a trabajar a la universidad privada o tendrá que emigrar, porque no se convocarán nuevas plazas. Ellos jamás tendrán la opción de entrar en la Universidad, como pudimos hacer los que ahora somos profesores. Y los profesores que aún nos quedan unos años para jubilarnos, viviremos peor que nuestros actuales colegas sexagenarios, simplemente porque la pirámide habrá dejado de crecer en la base.
Además, las medidas del Partido Popular para evitar la contratación de nuevos profesores, con la famosa "tasa de reposición" del 10% no hace sino empeorar las cosas, ya que en muchos casos no se puede contratar a nuevos docentes que sustituyan a los que se puedan acoger a la jubilación, o deban abandonar la Universidad, una vez cumplidos los setenta años. Hoy se publica en la prensa que la Universidad de Salamanca, por ejemplo, ha perdido 300 profesores en un lustro y este año sólo podrá contratar cuatro profesores. Así las cosas, el paisaje de nuestras universidades en los próximos años va ser desolador, con un profesorado cada vez más envejecido y decenas de sexagenarios que van a seguir en activo hasta los setenta años, en unos casos porque no quieran marcharse, como sucede en mi Departamento, y en otros casos porque dejarían literalmente a sus alumnos sin profesor.
Quienes piensen que esto se va arreglar pronto, en cuanto las universidades públicas puedan volver a contratar profesorado, están muy equivocados. La estrategia del Partido Popular es adelgazar las plantillas de docentes e investigadores del sistema público de enseñanza superior. Y esto lo van a lograr cuando publiquen en el BOE los decretos que establezcan una cifra mínima de estudiantes para que los grados y posgrados puedan seguir ofertándose. Algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, donde también gobierna la derecha, han empezado a hacerlo motu proprio. El curso próximo uno de los grados con más prestigio de la Universidad de Barcelona, el de Filología Románica, va a desaparecer. Y detrás de él irán decenas de titulaciones.
En Canarias estas medidas no se han puesto en marcha porque, por suerte para las universidades, el Partido Popular no gobierna, ni parece que vaya a hacerlo en los próximos años. Pero si la regulación parte desde el Ministerio, no tendremos escapatoria. Sólo en mi Facultad esta regulación podría suponer que no se ofertaría ninguno de los dos másteres que el curso próximo empiezan a impartirse, más el interuniversitario de Arqueología con La Laguna, que va por su segunda edición, con una media de menos de diez alumnos por curso académico. Esto significaría que nuestros estudiantes se quedarían sin la opción de completar su formación con un posgrado que mejore su especialización. Y en términos de plantilla significaría que sobraría cerca del 50% del profesorado actual de mi Facultad. Dicho de otro modo, nuestro relevo generacional tendrá que irse a trabajar a la universidad privada o tendrá que emigrar, porque no se convocarán nuevas plazas. Ellos jamás tendrán la opción de entrar en la Universidad, como pudimos hacer los que ahora somos profesores. Y los profesores que aún nos quedan unos años para jubilarnos, viviremos peor que nuestros actuales colegas sexagenarios, simplemente porque la pirámide habrá dejado de crecer en la base.