Así al menos han empezado 2011 los estudiantes universitarios, que a la vuelta de las vacaciones se han encontrado con un nuevo Estatuto que, entre otras cosas, define cuál es su papel en el sistema universitario español, estableciendo cuáles son sus derechos (artículo 10, con 24 epígrafes) y sus deberes (artículo 13, con 15 epígrafes). Una vez superado el trámite con los estudiantes, el Ministerio de Educación se afana en estos días por cerrar las negociaciones con sindicatos y rectores para, en unas semanas, sacar a la luz el Estatuto del personal docente e investigador (PDI).
Mientras la mayoría del profesorado universitario está metido de lleno en sus tareas docentes e investigadores, sus representantes terminan de perfilar un documento de casi cincuenta páginas en el que, entre otras cosas, se define eso que se ha venido en denominar “carrera académica horizontal”. El PDI está ajeno a la que se le viene encima, mientras los sindicatos, con el sigilo y la luz tenue con la que gustan llevar este tipo de negociaciones con la patronal (léase en este caso, Ministerio), termina de perfilar el que será definitivo (hasta la próxima reforma) Estatuto. Para los que no hayan tenido oportunidad de leerlo, les recomiendo que echen un vistazo al último borrador disponible (vía UGT de la Universidad de Valencia). No dejen de leer, en particular, los artículos 16 y 17, pero sobre todo, el anexo titulado “Criterios básicos para la evaluación de la carrera horizontal académica” (en las dos últimas páginas).
Hace años un colega se reía en mis narices de los obstáculos que tendríamos que pasar los profesores contratados hasta llegar a la categoría de profesor funcionario. Le avisé entonces de que, recordando a Brecht, tuviera en cuenta que algún día los aires renovados le llevarían en volandas a él y a los que, como él, creían estar a salvo de los vendavales reformistas de la LOU. Solo ha sido cuestión de tiempo. Y encima, cuando llega esta reforma cuyos “daños colaterales” aun nadie ha percibido, estamos sumidos en la mayor crisis económica que ha sufrido nuestro país en décadas. No se trata ya de que las universidades hayan afrontado el proceso de Bolonia a coste cero, sino que, en muchos casos, se ha hecho con reducciones presupuestarias que superan el 10% con respecto a los presupuestos que preveían disponer las universidades.
Ahora nos toca a los docentes universitarios que, en cuestión de unos pocos años, gracias a esa “carrera horizontal”, podremos poner en nuestras solapas las “estrellas Michelín” (o tenedores, como los restaurantes de diario), que obtengamos. No deja de ser paradójico que no solo no eliminemos la burocracia de nuestra gestión académica, sino que nos esforcemos por aumentarla. Los historiadores sabemos reconocer muy bien que detrás del aumento de la burocracia se oculta siempre la ineficacia de las administraciones. Si al menos con ello mejoraran nuestras universidades, el coste a pagar valdría la pena. Pero no será así.