Como era de esperar, los datos que arroja el último Informe PISA, divulgados el pasado martes 7 de diciembre, dejan al sistema educativo de Canarias en muy mal lugar. Salvo que, para las autoridades educativas del Gobierno de Canarias, sea un lugar meritorio cerrar la tabla de las Comunidades Autónomas, solo por delante de Ceuta y Melilla (que, como todos sabemos, son Ciudades Autónomas). Leyendo los resultados del informe uno alcanza a comprender por qué, hace unos años, la Consejera Milagros Luis Brito se empeñó en decir que Canarias no necesitaba pasar por los exámenes del informe PISA. Las declaraciones del Viceconsejero de Educación y Universidades, Gonzalo Marrero, justificando lo injustificable, son para exhibirlas como ejemplo de lo que no se debe hacer en política (y menos en asuntos tan sensibles como éste): a) negar la evidencia; b) echar la culpa a otros; c) afirmar que la LOE prohibe los rankings (que alguien le explique a este señor lo que es el informe PISA, por favor). Pero lo mejor ha sido su afirmación, y cito textualmente: "Donde estamos en la media de la OCDE es en el grupo que está en medio" (véase vídeo de ACN Press). Con responsables políticos como éste, a nadie le extraña que los indicadores de Canarias sean los que son, para desgracia nuestra.
Dejando a un lado que, como bien recuerda Julio Carabaña en un artículo publicado hace unos días en el diario El País, los datos del Informe PISA 2009 no deben ser utilizados para aquello para lo que no han sido concebidos, no es menos cierto que, en el caso concreto de Canarias, estas cifras son un indicador más de cuán errática ha sido la política educativa que ha llevado Coalición Canaria en los últimos diecisiete años. Y es, desde que en 1993 Manuel Hermoso, líder de las otrora AIC, desalojara a Jerónimo Saavedra de la presidencia del Gobierno de Canarias, las causas que explican la deficiente situación del sistema educativo en Canarias tienen nombre. Y apellidos.