lunes, octubre 31, 2011

Cementerios patrimoniales

En estas fechas cercanas a la celebración de la festividad de Todos los Santos solemos recordar a nuestros difuntos. Los cementerios, abandonados y casi desiertos durante todo el año, se convierten, por unos días, en obligado lugar de visita para miles de personas que tienen algún familiar o amigo enterrado en algún camposanto. Pero el resto del año, mientras la mayoría de las personas están ocupadas en su rutina habitual, los cementerios solo son objeto de atención por parte de aquellos que han hecho de la muerte y de los cementerios su forma de vida.
Algunos cementerios, particularmente aquellos que se consideran singulares o que poseen un interés patrimonial especial, son visitados durante todo el año por miles de turistas. Necrópolis como el cementerio de Pere-Lachaise en París, o el Staglieno de Génova, el cementerio judío de Praga o el de Montjuic en Barcelona, son visitados por millares de personas que desean conocer una página menos conocida del patrimonio de estas ciudades.
La semana pasada tuve ocasión de asistir a las I Jornadas Internacionales de Cementerios Patrimoniales, organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Univesridad de Málaga, bajo la dirección de los profesores Alicia Marchant Rivera y Francisco José Rodríguez Marín. En ellas participaron un grupo importante de especialistas en la investigación, conservación y divulgación de los cementerios patrimoniales de nuestro país, así como de Europa, a través de la Asociación Europea de Cementerios Singulares (ASCE).
En la Comunidad Autónoma de Canarias tenemos más de media docena de cementerios históricos calificados como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, pero ninguno de ellos pertenece a la ASCE. Los últimos en incorporarse a esta lista han sido el cementerio de Vegueta y el cementerio de los ingleses, ambos en Las Palmas de Gran Canaria. Convendría que nuestros responsables políticos tomaran nota de las buenas prácticas en materia de conservación y divulgación de este patrimonio por descubrir.

lunes, septiembre 19, 2011

Comienza el curso de la crisis

Como todos los años por estas fechas, se inicia en España el curso académico en todos los niveles educativos, desde la enseñanza primaria a la universitaria. Unos antes y otros después, por estos días se incorporan los nuevos estudiantes en sus respectivos cursos. Pero no es un inicio de curso como los anteriores. La crisis económica ha sacudido con fuerza las cuentas públicas y, una vez secados aquellos brotes verdes, los responsables políticos siguen recortando de donde ya queda poco que recortar. La Sanidad y la Educación, los pilares básicos de eso que nos explicaron se llamaba "Estado del bienestar", serán los grandes perjudicados de esta crisis. Varias Comunidades Autónomas ya han comenzado el desmantelamiento que hacía del sistema público de enseñanza uno de los principales activos de las diferentes regiones. El ejemplo de la Comunidad de Madrid y la polémica avivada por Esperanza Aguirre es solo un botón de muestra de lo que está por venir cuando el 20-N el Partido Popular culmine la Reconquista que ya inició en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. En Canarias el inicio del curso ha sido inusitadamente tranquilo, por mor del pacto de gobierno entre CC y PSOE que ha permitido que este último dirija la cartera de Educación. Sin duda, la llegada del nuevo Consejero y su equipo han permitido un inicio de curso en Canarias sin sobresaltos en el que, además, se han impulsado medidas que, hasta hace unos meses, parecían impensables cuando dirigía la Conserjería una Milagros Luis Brito de la que ya nadie se acuerda.
Pero no nos llamemos a engaño. En solo unos meses el caldero empezará a subir de temperatura y, a finales de año, empezará a hervir. Las cuentas no salen y sobre lo recortado hay que recortar aun más. Si la parte del león de los presupuestos de la Consejería de Educación se los lleva el pago de las nóminas de los funcionarios y contratados, es evidente que empezarán las restricciones en materia de gasto de personal. No vayamos muy lejos en la búsqueda de posibles escenarios de conflicto, porque algunos ya empiezan a vislumbrarse en nuestras universidades. Después de varios años de incumplimientos por parte del Gobierno de Canarias en la financiación acorde con el contrato-programa firmado entre éste, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, los rectores empiezan a manifestar su preocupación por la imparable pérdida de financiación sufrida y por la que esta aún por llegar. A ello se suman las condiciones a partir de las cuales el Gobierno que entonces presidía en solitario Paulino Rivero apoyó la iniciativa del Campus de Excelencia Internacional de ámbito regional. Por no hablar de la errática política en materia de investigación que, desde la creación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ha venido llevando el Gobierno de Canarias. Por desgracia para los investigadores de las universidades canarias, la ACIISI sigue desvinculada del ámbito universitario y la merma de recursos es imparable. En suma, se inicia el curso académico en el que con más rotundidad se muestran las evidencias de la profunda crisis económica que nos atenaza desde 2008, pero que está yendo mucho más allá, destruyendo lo que creíamos nadie podía arrebatarnos.

jueves, junio 09, 2011

Historiadores bajo sospecha

Si la Real Academia de la Historia buscaba publicidad gratuita (aquella que no se paga, pero que a veces resulta muy cara), sin duda la ha encontrado con la presentación del Diccionario Biográfico Español (DBE). Pocas veces los historiadores ocupamos las primeras planas de los diarios españoles. Y cuando esto sucede, por lo general es porque la noticia no está tanto en nuestro trabajo (el oficio de historiador), como en los resultados del mismo. Desde hace varias semanas, la Real Academia de la Historia ha ocupado las primeras planas de la prensa nacional y local por ambas razones que, en esta ocasión, han estado estrechamente unidas. Una vez más, la opinión pública percibe el oficio del historiador como algo alejado de los cánones del método científico, como si estuviera al albur de la posición ideológica del autor de turno, o de los vientos (políticamente favorables o desfavorables) que soplen. En mi opinión, el escandoloso sectarismo que han destilado algunas voces del polémico DBE es una magnífica oportunidad para que la opinión pública conozca qué es la RAH y a qué se dedican algunos de sus académicos.
Hace ya mucho tiempo que los académicos de esta Institución han dejado de ser los "guardianes de la Historia", como los definiera Ignacio Peiró en una obra cuya lectura suelo recomendar a mis alumnos. La progresiva institucionalización científica de la Historia y sus materias afines en la universidad española, iniciada en las últimos años del siglo XIX y culminada en las primeras décadas del siglo XX, alejó a la Real Academia de la Historia de los mecanismos de la creación y renovación historiográfica, que pasó a ser detendada por las universidades y por instituciones como la Junta de Ampliación de Estudios (creada en 1907) a través del Centro de Estudios Históricos (1910) que, en época franquista, pasarían a integrarse en el Consejo Superior de Investigfaciones Científicas (CSIC). Desde entonces, la Real Academia de la Historia ha iniciado un lento e irreversible camino de enclaustramiento, alejándose de los avances historiográficos y del propio progreso de la ciencia histórica. Salvo honrosas y meritorias excepciones, la mayoría de sus académicos hace décadas que iniciaron eso que los sociólogos de la ciencia denominan la "menopausia intelectual" y, como alguien dijo en su día acerca de la Royal Society: "se logra entrar en ella no sólo por lo que sabemos, sino por las personas a quien conocemos".
La mala praxis y el sectarismo ideológico que se esconde detrás de la dirección "científica" del DBE, encomendada y generosamente financiada por el Gobierno de España, no es fruto de ningún desliz, ni siquiera de un error humano. Se trata de una evidencia tangible de que para Gonzalo Anes y algunos académicos, la Historia está al servicio de la ideología y de que, ahora como antaño, ellos son quienes están llamados a la construcción de la historiografía nacional. Ya mostaron a qué estaban dispuestos cuando se alinearon con Esperanza Aguirre, entonces Ministra de Educación, Cultura y Deportes en el primer ejecutivo que presidió José María Aznar (1996-1999), en aquella "Cruzada Nacional" que el Partido Popular encabezó en el denominado "Plan para la Mejora de las Humanidades". Aquello terminó derivando en una polémica sobre la Historia que se enseñaba en los colegios e institutos españoles (recomiendo la lectura del Editorial del segundo número de con-Ciencia Social para quienes necesiten recuperar la memoria de lo sucedido en aquellos años) y en la opinión pública terminó calando el mensaje de que la ciencia histórica estaba al servicio de los intereses políticos de las distintas "sensibilidades nacionales".  Si después de ocho años de gobierno socialista la Real Academia de la Historia ha sacado a la luz estos volúmenes, podemos imaginar qué va a suceder con el resto de la colección en los próximos años, si se cumplen los pronósticos y el Partido Popular vence en las próximas Elecciones Generales.

domingo, mayo 08, 2011

Las universidades canarias ante el 22-M

El dibujo que ilustra este post tiene tantos años como yo. Lo dibujó en 1967 Fernando Quesada, que firmaba sus dibujos con un escueto Quesada (para verlo con más detalle clica sobre él). En esta viñeta retrataba con la genialidad que caracterizaban sus dibujos cuál era por aquellos tiempos la situación de las universidades públicas (entonces llamadas "del Estado"), frente a las universidades privadas (por aquellos años exclusivamente de la Iglesia). Han transcurrido más de cuatro décadas y ni la democracia ni el llamdo Estado de las Autonomías han servido para que cambien las tornas. Antes al contrario, las universidades privadas proliferan por todos los rincones de España, mientras que las universidades públicas van languideciendo poco a poco, asfixiadas económicamente, mientras las más antiguas comienzan a asistir a una peligrosa descapitalización de sus recursos humanos, particularmente del personal docente e investigador. En Canarias la situación no es muy diferente respecto a las demás regiones españolas, pero se ve agravada por las pecularidades de nuestro entorno social, económico y político.
Hace unos días acaba de iniciarse la campaña electoral, después de varios años de intensa precampaña  que, al igual que la misma campaña, pagamos de nuestro bolsillo los de siempre. Se trata de un proceso electoral atípico, al menos para quien ya ha vidido unos cuantos, porque estamos sumidos en una profunda crisis económica sin perspectivas de salida a corto plazo y el "enemigo" a batir por la mayoría de las formaciones políticas no es otro que el partido que gobierna este país desde 2004. No estaría de más recordar a los universitarios canarios que durante este último gobierno de Coalición Canaria, las universidades canarias han continuado su lento pero inexorable camino de reducción de fondos y de estancamiento en las políticas de contratación de investigadores, docentes y personal de administración y servicios.  No lo digo yo, sino los informes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), particularmente el último informe La universidad española en cifras (2010). En efecto, el último informe de la CRUE confirma que las universidades canarias están entre las peor financiadas de todo el país, y además, las plantillas de personal docente e investigador no solo no han crecido, sino que incluso se han visto reducidas (por mor de las jubilaciones y prejubilaciones). Para mayor desgracia, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información creada por Paulino Rivero en 2007 no solo no ha servido para gestionar mejor los escasos recursos que el Gobierno de Canarias destina a la I+D+I, sino que, además, ha reducido la financiación de proyectos de investigación. Como botón de muestra baste señalar que en el periodo 2007-2011 solo se han hecho dos convocatorias de proyectos de I+D, en 2009 y 2010. Y en la segunda de estas convocatorias los fondos destinados a financiar los proyectos, no solo no aumentaron, sino que se redujeron más de un 75%, pasando de los 4.8 millones de euros a un mísero 1.1 millón.
Mientras tanto, los alcaldes nacionalistas de La Orotava (Tenerife) y Guía (Gran Canaria), han facilitado todos los recursos, incluyendo los públicos, para que se asienten en su territorio las universidades privadas. Resulta paradójico que sean precisamente los nacionalistas de Coalición Canaria quienes estén contribuyendo al debilitamiento del sistema público de enseñanza superior en Canarias, al tiempo que brindan todas las facilidades para que se instalen en los municipios que ellos gobiernan los proyectos empresariales de la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Fernando Pessoa. La opinión del Partido Popular que lidera en Canarias José Manuel Soria quedó patente en la primera intervención que éste hizo en el debate de los candidatos a la presidencia del Gobierno que organizó la Cadena SER, cuando dijo que las universidades canarias eran ineficientes a pesar de la financiación pública recibida. Para el, en el dibujo de Quesada simplemente sobraría el dibujo de la izquierda.

lunes, febrero 28, 2011

Duros a tres pesetas

Un colega me envía por correo una de las cartas al director que se publican en la edición de hoy del diario El País. La carta, con el título "Bolonia en su justa medida", está firmada un profesor de la Universidad de Granada (Catedrático de Genética, para más señas). Su autor incide en ella en uno de los muchos problemas que ha traído consigo la aplicación del llamado crédito europeo (ECTS en la jerga universitaria). Se lamenta el autor de la carta de que al final se hayan convertido en un mero cambio de moneda, pero no de unidad de valor, toda vez que la presencialidad del estudiante en las aulas no se ha visto aminorada con la llegada de los nuevos planes de estudios. Y es que, en efecto, las universidades en esto, como en otras cosas, han dado muestras de su proverbial capacidad para encontrar el punto flaco de cualquier reforma legal. Y los estudiantes, los que se supone que iban a desarrollar sus fabulosas capacidades de trabajo aprehendidas (que no aprendidas) en la ESO y en el Bachillerato, se han encontrado con que, en la práctica, una asignatura de 6 ECTS equivalen a unas cuatro horas de clase semanales. Para el catedrático de la Universidad de Granada, la necesidad de "blindar" las cargas docentes del profesorado es lo que ha provocado esta conversión de los créditos preboloñeses (aquellos que equivalían a diez horas de trabajo del profesor, y en ocasiones también, del estudiante) a los créditos boloñeses actuales (esos que equivalen entre 25 y 30 horas de trabajo, ahora sí, del estudiante).
Pero en realidad, el mayor problema no es que la presencialidad de las asignaturas sea mayor o menor del 40% del total de créditos, sino al hecho de que la mayoría de los docentes, como ya advertía hace años en este mismo blog que iba a suceder, no han cambiado un ápice su forma de impartir las clases. Han variado las formas (por ejemplo, los proyectos docentes), incluso la jerga al uso (con la introducción del vocabulario reformista), pero en el fondo, dentro de las aulas, pocas cosas han cambiado. Y eso está generando las lógicas frustaciones de aquellos que creímos que Bolonia era una oportunidad para nuestras universidades, más que una amenaza. Los que confiábamos en que era necesario un cambio en la forma de afrontar la docencia universitaria, contemplamos ahora cómo algunos trabajamos más (entre otras cosas por mor de la evaluación continua y la tutorización), mientras que otros siguen trabajando igual de poco. O menos aún que antes. Y los estudiantes de los nuevos Grados, mientras tanto, siguen sin enterarse de qué es Bolonia. A ellos les hemos vendido los duros a tres pesetas y ni se han dado cuenta.

martes, febrero 15, 2011

Maniobra de distracción

La penúltima ocurrencia de Paulino Rivero ha sido ofrecida ayer por la tarde, desde la sede de la Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Después de entrevistarse con Andreas Schleicher, Director de la División de Indicadores y Análisis de la Dirección de Educación de la OCDE, se descuelga con unas sorprendentes declaraciones, de “profundo calado”, como solo a él le gusta hacer. Ha venido a decir Rivero, buen conocedor del lamentable estado de la enseñanza pública en Canarias, que como no sabe si su política va por buen camino, va a encargar un informe ad hoc a los redactores del celebérrimo informe PISA de la OCDE.
La estrategia de organizar una comisión o encargar un informe es habitual entre aquellos políticos que no toman las decisiones y que pretenden distraer a la ciudadanía con acciones dilatorias. Cuando ya está a punto de concluir su mandato como Presidente del Gobierno de Canarias no es tiempo de encargar informes cuyo precio, por cierto, no ha explicado (pero que excederá con mucho lo que suele pagar CC-ATI a los consulting locales de cabecera), sino de ofrecer los resultados obtenidos por la gestión de su Consejera  Milagros Luis Brito. No hay mejor prueba de la errática política en materia educativa y de la nefasta gestión de la que, sin duda, ha sido la peor Consejera de Educación de Canarias, que la rueda de prensa convocada ayer para comunicar, urbi et orbi, su penúltimo disparate.
Si Paulino Rivero quiere conocer cuál es la situación del sistema educativo canario solo tiene que sentarse con los profesores y profesoras, con las madres y padres de los alumnos. O mejor aún, que se entretenga en releer los titulares de la prensa en estos últimos cuatro años que han sido, con  diferencia, los peores para el sistema educativo de Canarias. Pero sobre todo, lo que Paulino Rivero debería hacer es dejar de hacer demagogia con algo tan importante como es el futuro de Canarias.

domingo, enero 16, 2011

Año nuevo, Estatuto nuevo

Así al menos han empezado 2011 los estudiantes universitarios, que a la vuelta de las vacaciones se han encontrado con un nuevo Estatuto que, entre otras cosas, define cuál es su papel en el sistema universitario español, estableciendo cuáles son sus derechos (artículo 10, con 24 epígrafes) y sus deberes (artículo 13, con 15 epígrafes). Una vez superado el trámite con los estudiantes, el Ministerio de Educación se afana en estos días por cerrar las negociaciones con sindicatos y rectores para, en unas semanas, sacar a la luz el Estatuto del personal docente e investigador (PDI).
Mientras la mayoría del profesorado universitario está metido de lleno en sus tareas docentes e investigadores, sus representantes terminan de perfilar un documento de casi cincuenta páginas en el que, entre otras cosas, se define eso que se ha venido en denominar “carrera académica horizontal”. El PDI está ajeno a la que se le viene encima, mientras los sindicatos, con el sigilo y la luz tenue con la que gustan llevar este tipo de negociaciones con la patronal (léase en este caso, Ministerio), termina de perfilar el que será definitivo (hasta la próxima reforma) Estatuto. Para los que no hayan tenido oportunidad de leerlo, les recomiendo que echen un vistazo al último borrador disponible (vía UGT de la Universidad de Valencia). No dejen de leer, en particular, los artículos 16 y 17, pero sobre todo, el anexo titulado “Criterios básicos para la evaluación de la carrera horizontal académica” (en las dos últimas páginas).
Hace años un colega se reía en mis narices de los obstáculos que tendríamos que pasar los profesores contratados hasta llegar a la categoría de profesor funcionario. Le avisé entonces de que, recordando a Brecht, tuviera en cuenta que algún día los aires renovados le llevarían en volandas a él y a los que, como él, creían estar a salvo de los vendavales reformistas de la LOU. Solo ha sido cuestión de tiempo. Y encima, cuando llega esta reforma cuyos “daños colaterales” aun nadie ha percibido, estamos sumidos en la mayor crisis económica que ha sufrido nuestro país en décadas. No se trata ya de que las universidades hayan afrontado el proceso de Bolonia a coste cero, sino que, en muchos casos, se ha hecho con reducciones presupuestarias que superan el 10% con respecto a los presupuestos que preveían disponer las universidades.
Ahora nos toca a los docentes universitarios que, en cuestión de unos pocos años, gracias a esa “carrera horizontal”, podremos poner en nuestras solapas las “estrellas Michelín” (o tenedores, como los restaurantes de diario), que obtengamos. No deja de ser paradójico que no solo no eliminemos la burocracia de nuestra gestión académica, sino que nos esforcemos por aumentarla. Los historiadores sabemos reconocer muy bien que detrás del aumento de la burocracia se oculta siempre la ineficacia de las administraciones. Si al menos con ello mejoraran nuestras universidades, el coste a pagar valdría la pena. Pero no será así.