Historiadores bajo sospecha

Si la Real Academia de la Historia buscaba publicidad gratuita (aquella que no se paga, pero que a veces resulta muy cara), sin duda la ha encontrado con la presentación del Diccionario Biográfico Español (DBE). Pocas veces los historiadores ocupamos las primeras planas de los diarios españoles. Y cuando esto sucede, por lo general es porque la noticia no está tanto en nuestro trabajo (el oficio de historiador), como en los resultados del mismo. Desde hace varias semanas, la Real Academia de la Historia ha ocupado las primeras planas de la prensa nacional y local por ambas razones que, en esta ocasión, han estado estrechamente unidas. Una vez más, la opinión pública percibe el oficio del historiador como algo alejado de los cánones del método científico, como si estuviera al albur de la posición ideológica del autor de turno, o de los vientos (políticamente favorables o desfavorables) que soplen. En mi opinión, el escandoloso sectarismo que han destilado algunas voces del polémico DBE es una magnífica oportunidad para que la opinión pública conozca qué es la RAH y a qué se dedican algunos de sus académicos.

Hace ya mucho tiempo que los académicos de esta Institución han dejado de ser los "guardianes de la Historia", como los definiera Ignacio Peiró en una obra cuya lectura suelo recomendar a mis alumnos. La progresiva institucionalización científica de la Historia y sus materias afines en la universidad española, iniciada en las últimos años del siglo XIX y culminada en las primeras décadas del siglo XX, alejó a la Real Academia de la Historia de los mecanismos de la creación y renovación historiográfica, que pasó a ser detendada por las universidades y por instituciones como la Junta de Ampliación de Estudios (creada en 1907) a través del Centro de Estudios Históricos (1910) que, en época franquista, pasarían a integrarse en el Consejo Superior de Investigfaciones Científicas (CSIC). Desde entonces, la Real Academia de la Historia ha iniciado un lento e irreversible camino de enclaustramiento, alejándose de los avances historiográficos y del propio progreso de la ciencia histórica. Salvo honrosas y meritorias excepciones, la mayoría de sus académicos hace décadas que iniciaron eso que los sociólogos de la ciencia denominan la "menopausia intelectual" y, como alguien dijo en su día acerca de la Royal Society: "se logra entrar en ella no sólo por lo que sabemos, sino por las personas a quien conocemos".

La mala praxis y el sectarismo ideológico que se esconde detrás de la dirección "científica" del DBE, encomendada y generosamente financiada por el Gobierno de España, no es fruto de ningún desliz, ni siquiera de un error humano. Se trata de una evidencia tangible de que para Gonzalo Anes y algunos académicos, la Historia está al servicio de la ideología y de que, ahora como antaño, ellos son quienes están llamados a la construcción de la historiografía nacional. Ya mostaron a qué estaban dispuestos cuando se alinearon con Esperanza Aguirre, entonces Ministra de Educación, Cultura y Deportes en el primer ejecutivo que presidió José María Aznar (1996-1999), en aquella "Cruzada Nacional" que el Partido Popular encabezó en el denominado "Plan para la Mejora de las Humanidades". Aquello terminó derivando en una polémica sobre la Historia que se enseñaba en los colegios e institutos españoles (recomiendo la lectura del Editorial del segundo número de con-Ciencia Social para quienes necesiten recuperar la memoria de lo sucedido en aquellos años) y en la opinión pública terminó calando el mensaje de que la ciencia histórica estaba al servicio de los intereses políticos de las distintas "sensibilidades nacionales".  Si después de ocho años de gobierno socialista la Real Academia de la Historia ha sacado a la luz estos volúmenes, podemos imaginar qué va a suceder con el resto de la colección en los próximos años, si se cumplen los pronósticos y el Partido Popular vence en las próximas Elecciones Generales.