Suspenso en accesibilidad

Desde hace unos años la accesibilidad de las páginas web es un asunto que preocupa mucho a las autoridades públicas, a las organizaciones que defienden los derechos de personas con discapacidad y, en menor medida, a los diseñadores y gestores de páginas web. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, las administraciones públicas españolas deben adaptar sus páginas web a unos estándares de accesibilidad internacionalmente aceptados. A día de hoy son muchos los organismos que lo han hecho, pero particularmente preocupante es la situación en las universidades españolas. Un reciente informe, titulado Accesibilidad de portales web universitarios (Febrero 2006), realizado por el Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet, demuestra no sólo "la ausencia de evolución en la accesibilidad de los portales universitarios en España", en relación con la situación que éstos presentaban en 2004 (ver informe aquí), sino que, lo que es aún más grave, algunos portales han obtenido en este informe peores resultados que hace un año y medio. El propio estudio, en su introducción, resalta el caso paradigmático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuya página web presenta un 0% en el éxito de cumplimiento de los criterios analizados.

La noticia, como es lógico, ha tenido su repercusión mediática en algunos periódicos como CanariasAhora.com, que han particularizado las conclusiones en la penosa calificación obtenida por el portal de la ULPGC (aunque me temo que si otras universidades se presentaran voluntariamente a dicho estudio no saldrían mejor paradas). Lo que no dicen los medios, ni tan siquiera el citado informe del organismo perteneciente a la Fundación ONCE, es que, además de que las universidadees están obligadas a hacer accesibles sus contenidos web a partir del pasado 1 de enero, también deberían hacerlo porque así lo recoge el artículo 46 (apartado b) de la Ley Orgánica de Universidades, cuando al referirse a los derechos y deberes de los estudiantes establece "La igualdad de oportunidades y la no-discriminación, por circunstancias personales o sociales, incluida la discapacidad, en el acceso a la Universidad, ingreso en los centros, permanencia en la Universidad y ejercicios de sus derechos académicos". Es aquí, precisamente, donde la lamentable inaccesibilidad de las páginas web universitarias es aún más sangrante, sobre todo en el contexto actual, en el que las TIC tienen un peso cada vez mayor en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
No creo que la escasa adaptación de las páginas web universitarias a los criterios de accesibilidad se deba a la falta de capacidad de las instituciones universitarias para hacerlo, ni siquiera a los posibles costes económicos. Se trata, creo yo, de una simple cuestión de cambio de mentalidad. Hace poco leía en el blog personal de un colega de mi universidad, que en la actualidad dirige la política informática de la misma, unos comentarios que creo que ayudan a entender mejor a qué me refiero cuando hablo del necesario cambio de mentalidad. Por suerte hay especialistas en el tema que tienen una mentalidad mucho más abierta y enfocan el problema desde una perspectiva, no sólo más comprometida con estos colectivos, sino sobre todo, desde el estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Citando a los autores de un reciente libro titulado Programa para la mejora de la docencia universitaria: "En la medida que aprendamos a ser más incluyentes, es decir, que se encuentren respuestas específicas a las peculiaridades de cada quien, más cerca estaremos del grado de diversidad en el que la universidad puede ser fructífera e indispensable. Soñamos así con una universidad diversa, es decir, una verdadera universidad".