El fallido "Informe Wert"

El pasado 15 de febrero, la comisión de expertos nombrada por el Ministro José Ignacio Wert en abril de 2012 entregaba sus “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”. Han sido diez meses de espera desde que se constituyó esta comisión y, francamente, de la lectura de este documento de escasas noventa páginas no se desprende que la espera y las expectativas que estaban puestas en este informe hayan estado justificadas. Si a ello unimos que dos de sus nueve miembros se han descolgado con un voto particular incluido en una addenda al documento, podemos imaginarnos el escaso recorrido futuro que puede tener este informe, si el Ministerio piensa utilizarlo como instrumento para justificar la nueva reforma del sistema universitario español. La segunda reforma en lo que va de siglo, impulsada por el mismo Partido Popular que, en 2001, aprobó, con la oposición de todas las universidades públicas, la vigente Ley Orgánica de Universidades (LOU), levemente modificada por los socialistas en 2007. Transcurrida una semana desde su publicación, no parece que por el momento este informe haya generado  gran inquietud en las universidades, a juzgar por la relativa tranquilidad (cuando no indiferencia) con la que los rectores se han tomado la valoración del documento, excepción hecha de algún rector como el de la Universidad de Sevilla, que ha manifestado públicamente su posición frente al documento. Para Adelaida de la Calle, presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, se trata de "un informe más". No obstante, algunos universitarios ya han empezado a publicar sus opiniones en diversos medios y, a buen seguro, éstas se irán incrementando en los próximos días.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en 2001, cuando la Ministra Pilar del Castillo impulsó la Ley Orgánica de Universidades hoy vigente, posteriormente rectificada en 2007 (mínimamente, dicho sea de paso) por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el debate sobre la reforma de las universidades no está en la agenda mediática. A los españoles les preocupa mucho más la crisis económica que vivimos desde hace años, la galopante corrupción política, el deterioro de sus instituciones (empezando por la propia Casa Real), el desmantelamiento de la Educación y del Sistema de Salud Pública, etc. Y en medio de este descenso a los infiernos que vivimos los españoles cada día, una "comisión de expertos" se descuelga con un informe con el que pretenden arreglar los males de la universidad española. Huelga decir que ni las universidades públicas ni los universitarios estamos entre las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Y las encuentas del Centro de Investigaciones Sociológicas demuestran la buena valoración que los españoles tienen de sus universidades. Pero da igual, la realidad no debe ser obstáculo para que el Partido Popular afronte una nueva vuelta de tuerca sobre las universidades públicas españolas.

Los aspectos centrales del informe se centran en la necesidad de descargar de funcionarios las plantillas docentes de las universidades, potenciando una categoría low cost de personal docente e investigador; el retorno al sistema de habilitación nacional impulsado por Pilar del Castillo, en sustitución del modelo de acreditación vigente desde 2007; la desaparición de la democracia participativa en las universidades a través del impulso de las "universidades de Patronato", que supondrán, de facto, la entrada de las Comunidades Autónomas en el gobierno de las instituciones universitarias... De poco vale que en el informe se aporten algunos aspectos positivos, como la crítica a la excesiva burocratización de nuestras instituciones, la propuesta de que éstas tengan una financiación que alcance el 3% del PIB, o la recomendación de que se potencien las becas y ayudas a los estudiantes, incluidas las de los programas de movilidad (como las del programa Sicue/Séneca que el propio Wert acaba de eliminar). El voto particular de los juristas Óscar Alzaga Villamil y Mariola Urrea Corres, no deja lugar a dudas: este informe atenta contra dos principios fundamentales recogidos en nuestra Constitución Española, como son la libertad de cátedra del profesorado funcionario y la autonomía universitaria. Con sólidos argumentos y una redacción impecable, a diferencia de la que posee el propio informe, estos miembros de la comisión han dejado meridianamente clara cuál es su posición frente al mismo. A buen seguro las universidades sabrán aprovecharla para encarar este nuevo ataque al servicio público de Educación Superior.